Al iniciarse el 2010, mientras el régimen correista ha festejado con bombos y platillos sus tres años de permanencia en el poder, las organizaciones sociales y populares más representativas han realizado o preparan movilizaciones y protestas para defender sus derechos gravemente afectados por el actual gobierno.

Esta contradicción es el resultado de una estrategia política gubernamental que requiere para su consolidación del debilitamiento y la desarticulación de las organizaciones que mantienen una posición independiente y crítica frente al poder estatal, a fin de sustituirlas por otras afines y sumisas al proyecto de la llamada “revolución ciudadana”.

El sector más afectado por la arremetida gobiernista  ha sido la clase obrera, especialmente los trabajadores del sector público. Una serie de disposiciones constitucionales, mandatos y decretos han desmantelado los derechos de los trabajadores, reduciendo al mínimo su capacidad de negociación en defensa de su salario, de su jornada de trabajo y de sus condiciones laborales. La participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido en una proporción mayor que la que se dio en los gobiernos neoliberales. El derecho de huelga ha sido proscrito y criminalizado. Se ha establecido una separación absurda entre “obreros” (trabajadores manuales) y “empleados” (trabajadores intelectuales), lo que constituye un claro mecanismo para debilitar a la organización sindical. Se han producido despidos masivos, como en el caso de Petroecuador, donde los trabajadores no han protestado con fuerza, debido al clima de temor que impera al interior de las empresas. El alza salarial de 20 dólares al salario básico es una burla frente a una canasta básica que ya supera los 528 dólares.

También las organizaciones indígenas y campesinas han recibido duros golpes con la aprobación de la Ley de Minería, la Ley del Agua que se halla en trámite de aprobación, la pérdida de autonomía del CODENPE y la decisión de clausurar la radio ARUTAM, medio de comunicación vital para el pueblo shuara de Morona Santiago. Las movilizaciones del año pasado contra dichas leyes fueron duramente reprimidas y el diálogo con el gobierno está roto, pero éste ha logrado dividir al sector a través de concesiones a organizaciones acomodaticias como la FEINE.

Otros sectores que han experimentado el embate del gobierno son la UNE y la FEUE, pese a estar controladas por un partido político que ha estado muy cercano al régimen. La primera resistió la prueba de fuego de las evaluaciones y ahora enfrenta problemas en torno al nuevo escalafón del magisterio, las jubilaciones y la Ley de Educación. En el caso de las universidades, su futuro es incierto debido al proyecto de Ley de Educación Superior que atenta contra principios básicos para su adecuado funcionamiento, como son la autonomía, el cogobierno y su presupuesto, de manera que si se aprueba el proyecto oficial, las universidades caerán bajo el total control del gobierno de turno.

La última arremetida es contra el movimiento ambientalista, los “ecologistas infantiles”, en torno a la iniciativa del ITT para no explotar el petróleo y salvar al parque nacional  Yasuní, una de las reservas más ricas de la biodiversidad en el planeta y espacio en el que viven  pueblos indígenas que corren el riesgo de desaparecer, lo que demuestra el verdadero interés del gobierno de continuar con el modelo extractivista, depredador de los recursos naturales y de la vida misma.

Frente a este proyecto autoritario que busca acabar con las organizaciones propias de la clase trabajadora y los movimientos sociales independientes, para sustituirlos por organizaciones “ciudadanas” afines al gobierno, es urgente y necesario ir a la conformación de un gran frente que unifique las luchas de trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores autónomos, pequeños comerciantes, desempleados, en fin, de todos los ecuatorianos que aspiramos a un cambio radical del capitalismo decadente y deshumanizado que nos agobia, para construir una sociedad auténticamente Socialista y no la burda caricatura de “Socialismo del siglo XXI” que nos ofrece el actual régimen.

Editorial de Tribuna Socialista #26, periódico del Movimiento al Socialismo (MAS) de Ecuadorhttp://mas-ecuador.nireblog.com/ 

EL VERDADERO CONTENIDO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

Agosto 4 del 2008.

PRIVATIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

En el Art. 313 “se considera sectorES estratégicoS de la economía ecuatoriana, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

El Estado podrá desmantelar los recursos naturales y demás sectores estratégicos mediante la conformación de empresas mixtas y empresas privadas.

Art. 316- “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria …  

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades…” 

Con estas CONTRADICCIÓNES,  está claro que los “sectores estratégicos” pueden ser delegados a empresas mixtas o por “EXCEPCIÓN, que no dudamos sea la REGLA, privatizadas a favor de empresas privadas.  

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, DERECHOS COLECTIVOS Y CONSENTIMIENTO PREVIO

En varios artículos en la parte dogmática de la constitución, se encuentra declaraciones como: 

• Art. 14 -  “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente,…” 
• Art. 15 – “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias...”
• Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad...

En Principio existe toda esta protección a la naturaleza, ambiente y al consentimiento previo informado. No obstante, se evidencia serias contradicciones en la parte orgánica, agregados y excepciones. Tan solo con un literal, se deja al albedrío e interés de las grandes corporaciones y del presidente de la Republica la aplicación del Neoliberalismo en la explotación de los recursos no renovables. 

• Art. 57, Numeral 7 “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.” 

Similar redacción se repite en el Art. 398 Concluimos que: 

PRIMERO, existe un grave error de sintaxis en su redacción. Inicia con una idea para decir algo sobre la consulta previa, pero es interrumpida, después del punto y coma, con otra idea en la que se añade, “participar en los beneficios que esos proyectos reporten…”. Para luego concluir con la idea inicial, “La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria… y oportuna”. Cuando lo correcto, de tratarse de un simple error involuntario en su redacción, el Art. 57, Numeral 7, debería anotarse: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;  debe ser  realizado por  las autoridades competentes de forma obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.

SEGUNDO, la redacción no es lo grave, sino su contenido, “que puedan afectarles ambiental o culturalmente;…” Esto implica el irrefutable curso a la explotación de los recursos no renovables por sobre la voluntad y consentimiento de las comunidades, con o sin consulta. Se deja abierta la posibilidad de la afección a la tierra, al ambiente y a la cultura de las comunidades.

TERCERO, “participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen” Lejos de proteger la naturaleza y comunidades la Constitución se pone al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Se menciona sobre indemnizaciones y participación de beneficios en proyectos extractivos, como si la naturaleza y la vida fuesen negociables.

Cuarto, Está claro el cinismo jurídico en su contenido, al disponer, “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.” Art. 58 Se anota todo un principio de protección, pero si hay afección, no importa, no hay sanción, y se “aplicará la constitución y la Ley ” (minera o Hidrocarburífera) que al ser realizada por los mismos grupos de poder con intereses de explotación, tampoco habrá sanción. Por más que una comunidad consultada niegue o desapruebe la explotación de los recursos naturales dentro sus territorios, igual se impondrá el proyecto extractivo.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, deberá ser consultada a la comunidad… La ley regulará la consulta previa… los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley... Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. La decisión de ejecutar o no el proyecto extractivo dependerá de la Instancia Administrativa Superior, pese a la consulta y oposición total de la comunidad. Entonces dependerá del Ministerio del ramo, de los subsecretarios o delegados de Ministerios o de otra autoridad “Primero me corto la mano, pero no pasará la minería a gran escala sin la voluntad y consentimiento del pueblo”, afirmó el Presiente, y lo primero que hizo fue dar garantías jurídicas a las transnacionales mineras, reprimió y criminalizó a los campesinos e indígenas.

BIODIVERSIDAD, NATURALEZA, RECURSOS NATURALES Y  PATRIMONIO NATURAL

En principio existe protección a la biodiversidad,

Art. 400.- “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad…” “Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad…” Art. 407.- “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas Protegidas…” A renglón seguido de estos mismos artículos dispone: Art. 407.- Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República...  

No merece mayor comentario de esta macabra disposición, las contradicciones abundan y sobran. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Se dispone que no a los productos transgénicos, pero solo como una redacción, no existe disposición alguna para el control de sus importaciones.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional , se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.

No es un acaso, la libertad de mercado es la política de correa y con ello la libertad para las más grandes empresas.

IDIOMAS EN EL ECUADOR

La Constitución del 98, en relación a la oficialidad de los idiomas declara: “El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley.” Art. 1. Es decir, el castellano es oficial para todo el Ecuador, mientras que los demás idiomas propios del  país, son oficiales PARA los pueblos indígenas, y nadie puede disponer que en sus pueblos hablen en Castellano, si es con el fin de relacionarse.

El proyecto de nueva Constitución, dispone en el Art. 2 que:“El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley”.

Con esta disposición se declara, al igual que la Constitución anterior, que el castellano es oficial para todo el Ecuador; mientras que el Kichua y Shuar, incluido el castellano, son oficiales PARA RELACIONAR entre culturas diferentes. En un encuentro  los pueblos indígenas están en la obligación de relacionarse también con el castellano, si es del requerimiento de  cualquier autoridad que acuda al lugar. Para mayor garantía y derechos, solo falta que exista sanción para los indígenas que en sus comunidades  no quieran o no puedan hablar también el castellano. 

LOS NUEVOS TEXTOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL, “REVOLUCIÓN” O “INVOLUCIÓN”*

La flexibilización laboral en las dos últimas décadas, avanzo en la línea de desmoronar al derecho laboral como una institución protectiva de los trabajadores, expidiéndose todo un conjunto de leyes que apuntan a debilitar sus pilares fundamentales: remuneraciones, estabilidad, organización y contratación colectiva. 

Sin embargo constitucionalmente (a pesar de las reformas) se mantuvieron principios esenciales de esta institución, mismos que se fueron incorporando paulatinamente desde la Constitución de 1906, hasta la del 1979. 

Con la convocatoria e instalación de la Asamblea Constituyente, considerada de izquierda, los trabajadores y el pueblo general, albergaron grandes esperanzas en quienes prometieron poner fin a “la larga noche neoliberal”, que en materia laboral significaría la recuperación derechos y garantías, proscritas en diferentes leyes que significo la precarización del trabajo.

Hoy, 3 Mandatos (que fueron analizados en el anterior número) y nueve artículos que constan en la Constitución  referentes al trabajo (sección tercera FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN, del capitulo sexto TRABAJO Y PRODUCCIÓN), forman el nuevo marco constitucional en el que se inscribe el Derecho Laboral.

Para el análisis de los nuevos textos constitucionales en mención, lo dividimos, en dos partes, en la primera, comentamos algunas innovaciones formales que se introducen en la constitución; y en la segunda reformas de fondo al Derecho del Trabajo:

LAS INNOVACIONES

Se incluye en la nueva Carta Magna, el reconocimiento y garantía de nuevos sujetos y hechos de nuestra realidad y se constitucionaliza derechos antes constantes en la ley secundaria, así tenemos:

  §  El reconocimiento y garantía del trabajo autónomo, de auto sustento y cuidado humano. (Arts. 325 y 333);

  §  La garantía del trabajo de jóvenes y de personas discapacitadas (Arts. 329 y 330);

  §  La igualdad de genero y el reconocimiento de  los derechos reproductivos en el trabajo (Arts.331, 332);

  §  El trabajo como un derecho de los pueblos (Art. 329);

  §  La protección del trabajo de nuestros migrantes en suelo extranjero (Art. 329)

  §  La revisión anual del salario básico (Art. 328)

Innovaciones, que reconocen a sectores sociales importantes y constitucionalizan principios constantes en la ley,  pero no significan cambios sustantivos del derecho laboral constitucional, (como podían a ver constituido la inclusión del principio de primacía de la realidad, otorgar a la ley laboral la categoría de orgánica, disminuir el numero de trabajadores para formar un sindicato, por situar algunos ejemplos); ni menos significa la recuperación de los derechos conculcados. En razón, de que, las innovaciones son ajenas al ámbito central de la materia laboral, esto es, a la relación que se da entre el capital y el trabajo, a la protección y garantías para los trabajadores frente a los capitalistas. Constituyendo las reformas introducidas declaraciones que se tornaran en la mayoría de casos, inaplicables.

REFORMAS DE FONDO

Marx, en su obra El dieciocho Brumario de Luís Bonaparte,  al juzgar la Constitución Republicana Francesa de 1848, decía:

“Cada articulo de la Constitución contiene (…) su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general la libertad; en el comentario adicional la anulación. Por tanto, mientras se respete el nombre de la libertad y solo se impidiese su aplicación real y efectiva, -se entiende- la existencia constitucional de la libertad permanecía integra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente” .

Los mandatos constituyentes y el articulado sobre el trabajo que regirá en la nueva Constitución, cumplen ese fin; en sus enunciados principales, primeras palabras u artículos, invocan los principios esenciales de esta disciplina: derecho protector, respeto y garantía del derecho de  organización, la contratación colectiva, remuneración, estabilidad laboral, intangibilidad, irrenunciabilidad; pero inmediatamente en las subsiguientes frases o intercalando palabras, liquidan la existencia de las mismas, (como ya lo demostramos en el análisis de los Mandatos Constituyentes) veamos en el caso de la Constitución: 

  1. Se elimina, el principio de que la legislación del Trabajo y su aplicación se sujetaran a los principios del Derecho Social (Art. 35 # 1 actual Constitución);

Reforma que significa abandonar toda la filosofía, principios, objetivos y método del derecho laboral como derecho social, es decir protector de los trabajadores debido a la desigualdad económica existe, misma que se buscaba paliar, generando desigualdad jurídica a favor del trabajador;

   2. Se elimina el principio de intangibilidad, garantizado en el Art. 35 # 3 de la Constitución Vigente.

La intangibilidad, constituye una tutela a los derechos de los trabajadores, que protege que estos no sean desconocidos por actos normativos (ley, reglamentos, decretos erga omes), más la nueva redacción, textualmente manifiesta, “los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario”;  (Art. 326.2) el termino estipulación equivale  a convenio a contrato, y no a un acto normativo, por lo que se desnaturaliza totalmente el derecho de intangibilidad, mismo que ya no tiene valor alguno frente  a actos normativos, sean del legislativo, ejecutivo, seccional u otros. 

   3. Se mutila el principio de irrenuciabilidad. 

El texto constitucional vigente señala “Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración…”

Mientras que el nuevo texto, (Art. 326.2) se limita a señalar que los derechos de los trabajadores son irrenunciables; eliminándose las palabras  “disminución y alteración”; conocemos de ante mano cual va a ser la interpretación de la parte patronal, y también cual será la interpretación de Jueces e Inspectores del trabajo que sean enemigos de la clase trabajadora. La presente mutilación significa cercenar uno de los derechos fundamentales de la clase obrera.

  4.  Se disminuye y coarta el derecho de organización. 

Una de las formas de romper con el derecho de organización a sido traspasar la mayor cantidad de trabajadores de la ley laboral (protectiva) a la administrativa, ese hecho tuvo uno de sus mayores itos en la Constitución del 97`, en donde, de entidades como el IEES, Banco de Fomento, Banco Central, y otras la mayor parte de sus servidores sujetos al Código del Trabajo, pasaron al área administrativa.

El gobierno continua en la misma línea, de sancionar al trabajo intelectual de técnicos, profesionales, de las empresas privadas con capital público, al traspasarlos a la legislación administrativa. (Art. 326. 16).

Y por otra parte se coarta la libertad de sindicalización, al establecerse que: “El Estado….. (recordemos que se trata de un Estado que sirve a una clase, la burguesía)….promoverá su  funcionamiento democrático, participativo y transparente (de la organización sindical)con alternabilidad en la dirección” (Art. 326.8) 

   5. Se coarta la libertad de  la Contratación Colectiva.

Con el Mandato 8 y su reglamento, que disponen la revisión de los Contratos Colectivos en 180 días, ajustándose  a las regulaciones que dicte el Ministerio del Trabajo y a los criterios que establezca la función ejecutiva,  convierten a la Contratación Colectiva, -antes- de norma especialícima solo sujeta a la Constitución, a norma de cuarta categoría debajo de acuerdos o decretos del Ministerio de Trabajo y del Ejecutivo.

El nuevo articulado, robustece esa posición y dispone “Se garantiza la Contratación Colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca  la ley” (Art. 226.13).  Dándose paso al hecho que una ley pueda suprimir derechos y garantías laborales logradas en Contratos Colectivos.

Reformas que significan, un retroceso histórico del Derecho Laboral, como protectivo y garantista de los trabajadores, pasándose cada vez más asimilarlo al derecho civil, en donde las partes de un contrato son tratadas como iguales, cuando la realidad es totalmente diferente.

Es claro que frente a la relación capital-trabajo, el del Gobierno y Asamblea, no pueda fanfarronear con su socialismo del siglo XXI y su revolución ciudadana, sino  por el contrario tengan que tomar posición del lado del  capital, y en contra de los derechos básicos y fundamentales de los trabajadores. 

* Algunas comentarios son tomados del texto “Las sorpresas  (¿?) de la Involución ciudadana sobre los Derechos Obreros” del Dr. Rubén castro Orbe.