MANIFIESTO DEL MAS ANTE EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

Ante la convocatoria para que los ecuatorianos nos pronunciemos  sobre el proyecto constitucional elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, el próximo 28 de Septiembre, el MAS pone a consideración de nuestro pueblo las siguientes consideraciones:

Este nuevo texto constitucional es el resultado de dos procesos fundamentales:

1)      El proceso de luchas sociales y populares de la última década protagonizado por diversos actores, con múltiples demandas. Entre las más destacadas podemos mencionar: al movimiento indígena con su consigna centrada en el Estado Plurinacional y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas; la lucha de los trabajadores organizados y otros grupos sociales por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, y por la soberanía nacional (contra el ALCA y los TLCs, por el no pago de la deuda externa, contra la presencia de las tropas norteamericanas en Manta); la movilización de las poblaciones campesinas y organizaciones ecologistas por la defensa del medio ambiente y sus recursos vitales; las luchas de las mujeres contra la discriminación de género y por los derechos sexuales y reproductivos, las acciones estudiantiles por el derecho a la educación gratuita, la acción de los grupos defensores de los derechos humanos contra la impunidad y en defensa de los sectores criminalizados por la justicia, la presencia de los grupos GLBT contra la discriminación sexual, etc.

El conjunto de estas luchas particulares confluyó en determinadas coyunturas,  en grandes levantamientos populares contra los regímenes burgueses, provocando la caída de tres gobiernos (el de Bucaram en 1997, el de Mahuad en el 2000 y el de Gutiérrez en el 2005) y configurando una situación de profunda crisis política, en que las clases dominantes ya no podían seguir gobernando como antes y las clases populares ya no podían seguir soportando su vida de opresión y miseria.

2)      La respuesta del Imperialismo y la burguesía ante el avance de la lucha de clases, tratando de canalizar el descontento popular hacia salidas institucionales dentro de la lógica del Estado burgués. La burguesía ha encontrado dos estrategias fundamentales para controlar el ascenso revolucionario de las masas: el surgimiento de gobiernos de nuevo tipo (frente populistas, populistas de izquierda, bonapartistas sui-géneris) como el de Bucaram, Gutiérrez y ahora Correa, y el de las Asambleas Constituyentes (el primer ensayo se realizó en 1997-98, luego de la caída de Bucaram y el segundo lo estamos viviendo actualmente).

 

La Asamblea Constituyente nunca ha sido una alternativa revolucionaria para las masas, es una consigna democrático burguesa que puede tener distintos alcances dependiendo de la correlación de fuerzas en cada momento histórico. Pensar que los grandes cambios se van a obtener a través de nuevas constituciones es caer en ilusiones constitucionalistas, a las cuales ha sido muy propensa nuestra población desde los orígenes republicanos. Lenin y los bolcheviques  utilizaban una expresión más dura contra los oportunistas de izquierda que hacían el juego a la burguesía al confiar en las salidas legales, hablaban del cretinismo parlamentario.

Afirmar esta verdad no significa que los revolucionarios debemos dejar de lado la lucha legal y parlamentaria, abandonar el debate constitucional en el presente periodo. Eso sería caer en el otro extremo al que se ven tentados muchas veces los grupos radicales de izquierda y se le conoce como “infantilismo” de izquierda o “ultraizquierdismo”, que Lenin calificaba como enfermedad infantil del comunismo. La lucha legal y constitucional es un espacio que las fuerzas revolucionarias y populares deben aprovechar para enfrentar el debate político e ideológico, con el objetivo de acumular fuerzas para los momentos decisivos de la lucha de clases.

La nueva Constitución que será sometida a consulta popular es el resultado de los dos  procesos analizados. Es por esta razón que es un texto contradictorio: incorpora avances significativos, sobretodo en el tema de los derechos humanos, pero por otro, contiene graves limitaciones en asuntos decisivos para la clase trabajadora como son sus derechos laborales, el manejo de los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía, o el tema de la propiedad.

Sería incorrecto no reconocer que el nuevo texto constitucional tiene importantes avances en relación a la Constitución de 1998 como: la declaración del carácter plurinacional del Estado y el reconocimiento de ciertos derechos por los que siempre han luchado los pueblos indígenas, una mayor preocupación por los temas ambientales (derechos de la naturaleza), la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, el carácter universal de la seguridad social, el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el hogar, derechos de los jóvenes como la objeción de conciencia frente al servicio militar, derechos de los migrantes como no ser declarado ilegal por su condición migratoria, derechos de los adultos mayores como el acceso a la salud y a las medicinas de manera gratuita, la declaración de que el agua no puede ser privatizada, el carácter gratuito de la justicia, la posibilidad de presentar proyectos de iniciativa popular, entre otros.

Pero por otro lado, sería incorrecto dejar de señalar el carácter de clase de la nueva Constitución, expresado en temas como las garantías a la propiedad privada, el manejo de la economía que sigue  favoreciendo la concentración del capital en los monopolios nacionales y extranjeros, la propiedad intelectual. Otro tema negativo para el desarrollo soberano del país es el manejo de los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía, donde con la figura de “empresa mixta” se permite la participación de las grandes empresas privadas en un porcentaje del 49 por ciento. También es muy grave para la clase trabajadora  la conculcación de derechos fundamentales de los trabajadores como la estabilidad, la huelga, la contratación colectiva y la eliminación de los profesionales (trabajadores intelectuales) de su protección bajo el Código del Trabajo para depender de  la Ley de carrera Administrativa, todo lo cual está orientado a debilitar al sindicalismo, especialmente de carácter público.

En estas condiciones el REFERENDUM convocado por el régimen con la posibilidad de votar por SI, NO, blanco o NULO, constituye una TRAMPA de la democracia burguesa y formal. ¿Porqué?

El triunfo del NO significaría volver al pasado, continuaría vigente la Constitución neoliberal y privatizadora de 1998, retornaría el Congreso anterior que fue totalmente rechazado por la población, continuarían en la misma situación instituciones como la Justicia, el TSE en manos de la partidocracia. El triunfo del NO sería una victoria para la derecha oligárquica y retrógrada que se expresa a través del PSC, del PRIAN, de la Democracia Cristiana y Sociedad Patriótica, cuyos gobiernos ocasionaron tanto daño al pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto que esta tendencia ha sufrido un fuerte debilitamiento no es descartable su retorno al poder, ante el desgaste que ya comienza a experimentar un gobierno que se dice de izquierda.

Votar por el NO significaría coincidir con posiciones como la de la cúpula de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos fundamentalistas que apelan a argumentos de tipo moralista y religioso  y pretenden desconocer la conquista del Estado laico, es decir que la Iglesia tenga potestad de decisión política sobre determinados aspectos de la vida ciudadana, anulando las libertades fundamentales de las personas.

Optar por el SI en cambio, significaría legitimar una Constitución que no responde a los intereses de la clase trabajadora y los sectores más pobres y explotados de la población. Significaría legitimar y apoyar a un gobierno que ha defraudado las aspiraciones de cambio de las masas que votaron por él, y luego de cerca de dos años de administración sienten que sus condiciones de vida no han mejorado, sino que mas bien se siguen deteriorando (el incremento en el precio de los productos de primera necesidad por ejemplo). Votar por el SI significaría fortalecer a un gobierno que no ha sido capaz de cambiar el rumbo de la política petrolera, caracterizada por el entreguismo a las grandes transnacionales, al igual con la telefonía celular, o que está muy empeñado en entregar las riquezas minerales a poderosas empresas extranjeras, sin que le importe la suerte de las poblaciones afectadas por dicha explotación. Sería hacerse de la vista gorda frente a un régimen que continúa la represión contra los movimientos sociales y criminaliza a los luchadores que han protestado por sus derechos como en varios casos denunciados o recogidos por organismos de derechos humanos; un gobierno que no ha sido capaz para detener la inflación y enfrentar la crisis alimentaria puesto que no está dispuesto a afectar a los grandes propietarios de la tierra y los medios de producción; que ni siquiera ha planteado la posibilidad de una Reforma Agraria o reformas que posibiliten una redistribución de la riqueza, un gobierno que ha pagado puntualmente la deuda externa. No podemos apoyar a un gobierno y a una Constitución que limitan gravemente los derechos de los trabajadores, que conceden amplios poderes al poder ejecutivo, con grave peligro de devenir en un régimen autoritario e intolerante que no respete a los opositores y atente contra los derechos y las libertades básicas.

Por lo tanto, nuestra decisión es por el voto NULO. Ni la Constitución privatizadora y neoliberal de 1998, ni la del 2008 que no responde al deseo de cambios radicales que se han expresado en las luchas populares de la última década. Más allá del voto formal y obligatorio que nos impone el régimen, nuestra decisión es continuar apoyando la movilización y las diversas luchas sociales y populares por sus derechos y reivindicaciones más sentidas.

La única manera de evitar la trampa instrumentada hábilmente por el régimen burgués que nos gobierna, es ir más allá del voto y emprender una campaña de concientización que desenmascare el significado de las dos posiciones que se hallan enfrentadas, ninguna de las cuales constituye la expresión de un proyecto de transformación social desde la perspectiva de las clases explotadas. El principal mecanismo para fortalecer esta posición autónoma, es contar con un PROGRAMA ALTERNATIVO DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO que permita orientar las luchas populares con independencia frente al imperialismo, la burguesía y el actual gobierno. También debemos trabajar tenaz e incesantemente por la consolidación de un FRENTE AMPLIO Y UNITARIO DE ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDÍGENAS Y POPULARES que estén dispuestas a luchar por cambios estructurales, de fondo, apoyando el programa común alternativo.